El juez penal Mario Juliano, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, habló en La Tijereta sobre su visión de la democratización de la justicia. En ese sentido, expresó que no son jueces sino personas que trabajan de jueces, funcionarios públicos que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. “La realidad no la vamos a cambiar por ley. La ley contribuye, promociona determinados cambios, pero es absolutamente relevante que los funcionarios públicos y la ciudadanía en general encaremos una visión democrática e inclusiva de la sociedad”. El Tribunal Oral Nº 1 de Necochea, que integra el juez, elaboró recientemente una resolución en la que plantean la inconstitucionalidad de la pena de cadena perpetua que, según el juez, debe reservarse para crímenes de lesa humanidad. Dicha resolución expresa que “La prisión perpetua es una pena cruel, inhumana y degradante. La Constitución Nacional establece que las cárceles tienen por finalidad la resocialización del delincuente y que las condenas deben apuntar a ese objetivo. Y la cadena perpetua se contradice con esos principios; ergo, es inconstitucional.”

Extracto de la nota a Mario Juliano:

Concejales de Esquel recibieron amenazas telefónicas y a través de mensajes de texto relacionados a la no renovación de la habilitación comercial de la subsidiaria de la corporación canadiense Yamana Gold. La decisión de no renovar la habilitación comercial precaria que tenía la empresa se tomó en el marco legal que establece la ordenanza 235/12 que incorpora al Código Tributario el artículo 166 bis que establece que «no se otorgará Habilitación Comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas de actividades que se encuentren prohibidas o de cualquier forma no permitidas por la legislación municipal” y que fue ratificada el lunes 13 pasado por resolución municipal Nº 1118/13 que rechaza el pedido de habilitación comercial de la empresa Minas Argentinas S.A.

El presidente del Concejo Deliberante, Jorge Paz, expresó que “políticamente esto está absolutamente claro, es la posición del Concejo votada en forma unánime y no hay nada que haga cambiar la opinión del Concejo y no me cabe duda que las amenazas están vinculadas a estos hechos”, en referencia a la no renovación de la habilitación comercial de MASA. Con respecto a la irregular inspección a las oficinas de la empresa Minas Argentinas S.A., que se realizó momentos antes de que el Ejecutivo firmara la resolución, y en la que se labró un acta que le otorga a la empresa 60 días para dar cumplimiento a requisitos faltantes para obtener la habilitación definitiva, Paz dijo que “evidentemente hay intencionalidad política en lo que se quiso hacer” ya que a veces tardan meses para hacer inspecciones que se plantean como urgentes y agregó que “se haga cargo quien lo hizo y que asuma las responsabilidades quien va en contra de las normativas de la municipalidad de Esquel y la posición del Ejecutivo que es absolutamente clara”, en referencia a Pablo Schulz, secretario de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos, responsable de la inspección.

Ante estas irregularidades, el Frente Vecinal de Esquel pidió una sesión especial del Concejo para interpelar a Schulz para que aclare los motivos de su accionar y recordó que se encuentra en vigencia el artículo 109 y concordantes de la Ley Provincial XVI Nº 46 que establece la responsabilidad de los funcionarios que, con su accionar, causan perjuicio patrimonial al municipio, al considerar que el acta labrada daría pie para que MASA inicie juicio.

Extracto de la nota a Jorge Paz:

Sigue el texto completo de la solicitud del Frente Vecinal y de la Resolución Municipal Nº 1118/13

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En su habitual columna en La Tijereta, el periodista Darío Aranda habló sobre un estudio académico realizado en el Chaco que analizó 4 poblaciones literalmente rodeadas de cultivos transgénicos y detectó altos índices de malformaciones y casos de cáncer. El informe de 68 carillas, titulado “Relación entre el uso de agroquímicos y el estado sanitario de las poblaciones en los departamentos de Bermejo, Independencia y Tapengá en Chaco”, fue financiado por el Ministerio de Salud de la Nación y se llevó a cabo entre abril del 2011 y abril del 2012 por 6 profesionales entre los que se incluyeron médicos, licenciados en enfermería, cirujanos y geógrafos. Para el estudio se realizaron 2.051 encuestas en territorio, que se entrecruzaron con datos oficiales. A pesar de que los resultados finales de la investigación se entregaron al ministerio en mayo del 2012, éste aún no se ha expedido y no se han hecho públicas las conclusiones del mismo.

Extracto de la columna de Darío Aranda:

Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y titular de Satus Ager S.A, exportadora de semillas de maíz y soja, habló en La Tijereta sobre la posible llegada de la soja transgénica a la provincia del Chubut. El empresario explicó que se habían reunido con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, quien había mostrado interés de que la soja llegue a la provincia. “Descarto que va a haber semilla transgénica”, dijo Paseyro, aunque si algún semillero quisiera probar alguna semilla no transgénica “lo podrían considerar”.

Extracto de la nota a Alfredo Paseyro:

César Antillanca, padre del joven asesinado en 2010 por la policía de Trelew, declaró en La Tijereta que no están dadas las garantías del gobierno como para que las víctimas involucradas en algún hecho de violencia institucional puedan caminar tranquilas y especificó que ésta es la situación de la madre de Iván Eladio Torres, María Millacura, a quien el Estado le retiró la custodia de prefectura que tenía en cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por este motivo, Antillanca elevó una nota a la presidencia de la Nación, con un detalle de los testigos del caso Iván Torres que fueron asesinados y cuyos crímenes aún no han sido esclarecidos. En un anexo titulado “Entonces, qué es la violencia institucional?” que acompaña la carta a la presidente, puede leerse: “Violencia institucional son las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan. Violencia institucional es que la policía fusile un pibe cada 28hs. Violencia institucional son 70 asesinados por luchar. Violencia institucional son las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro. Violencia institucional son los sueldos por debajo de la canasta familiar de la mayoría de los trabajadores y los desorbitantes sueldos de los funcionarios públicos. Violencia institucional es no habilitar los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes. Violencia institucional es el cierre de causas de crímenes aún sin resolver. Violencia institucional es el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil, etc. Violencia institucional son los millones de pesos que se ponen en el fútbol para todos y las migajas en programas sociales…”

Con respecto el Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional que se realizó el 3 de mayo en el Congreso, en el marco de la Campaña contra la Violencia Institucional que impulsan organismos estatales, Antillanca comentó que participó con una actitud crítica y que fue a denunciar la falta de un marco genuino de esta campaña, ya que Antillanca considera que “es completamente improbable que el Poder Legislativo esté denunciando a las fuerzas de seguridad, cuando éstas dependen de ellos”. “El Poder Ejecutivo no tiene autoridad moral para desarticular el modus operandi de las fuerzas de seguridad, la corrupción llega a tal punto que están todos desde siempre en una cadena delictiva en la que nadie puede acusar al otro (sin quedar expuesto)”, dijo Antillanca, quien agregó que “para mantener disciplinada a la franja que más se resiste, que somos los pobres, es necesario tener una fuerza de un alto régimen represivo”

Extracto de la nota a César Antillanca:

Ver carta completa de César Antillanca a Cristina Fernández

La socióloga Maristella Svampa, a partir de tres hechos de violencia y represión que se suscitaron en los últimos días relacionados al avance del extractivismo (descubrimiento de la infiltración de la policía en las organizaciones populares a través de la Agencia Walsh, un nuevo caso de violencia y hostigamiento en la comunidad La Primavera y la represión en Famatina) explicó cómo se ha dado el blanqueamiento de los discursos de parte de los gobiernos progresistas que defienden hoy abiertamente el extractivismo depredatorio, con emprendimientos a gran escala cuyo destino es la exportación, que niegan escenarios de transición y de salida del extractivismo. Svampa recordó que Famatina tiene una larga historia de lucha en contra de la megaminería y que la pueblada de 2012 contribuyó a que esta lucha de muchas comunidades se hiciera conocida en todo el país, aunque también a partir de este hecho el gobierno nacional blanqueó el apoyo a la megaminería. Con respecto a la conflictividad que genera la megaminería en América Latina, Svampa relató que el OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina) en 2010 señalaba 120 conflictos que afectaban a 150 comunidades, que aumentaron en 2012 a 161 conflictos que perjudicaban a 212 comunidades, en mayo del 2013 registró 185 conflictos que involucran a 268 comunidades. De estos conflictos, 31 se desarrollan en Perú, 30 en Chile, 25 en Argentina, 23 en México, 21 en Brasil y 7 en Ecuador. La característica en común en todos estos conflictos es la violación de los derechos humanos, la ausencia de licencia social y el fortalecimiento de dispositivos de judicialización y represión.

Extracto de la columna de Maristella Svampa:

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El abogado Christian Pasquini, a través de la figura de acción colectiva, accionará contra Movistar como titular de la acción, pero a la misma se podrán sumar todos los usuarios de Movistar de Esquel perjudicados por el deficiente servicio de la empresa proveedora del servicio de telefonía celular. Si bien las acciones colectivas no están regladas en Esquel y no hay asociaciones de consumidores, que son las que normalmente reciben y ejecutan este tipo de acciones, se pondrá a disposición de los daminificados una lista en la que deberán consignar sus datos personales, línea de Movistar de la que son titulares y daño que le ha causado el deficiente servicio de la empresa.

Extracto de la nota a Christian Pasquini:  

El padre del joven que el 18 de enero del 2012 fue privado de su libertad, golpeado y abusado sexualmente en la seccional segunda por la policía trelewense, contó en La Tijereta los resultados de la marcha, en la que participaron más de 600 personas, en repudio a la absolución de 5 de los policías imputados. Con respecto a la sentencia, Fernando Almonacid dijo que les “ha dejado una sensación muy amarga, prácticamente para los jueces mi hijo nunca estuvo en la comisaría”, a pesar de todos los testigos, las pruebas y que 3 de los involucrados reconocieron su culpa y fueron sentenciados en juicio abreviado. “Acá (en Trelew) hubo casos similares de chicos que se han quitado la vida porque los levantaban (la policía) cuando ellos querían, por ser vulnerables o ser pobres, ellos abusan del uniforme. Esos chicos no han querido hacer la denuncia, pero el pibe mío con 16 años tuvo la valentía de no callar lo que venían haciendo”, contó Almonacid.

Extracto de la nota a Fernando Almonacid:

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Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut, habló en La Tijereta sobre las situaciones de violación de los Derechos Humanos que se dan en Chubut a partir de los casos Antillanca y Almonacid. “Tenemos que hacer valer 30 años de gobiernos constitucionales para que se termine la impunidad. Tenemos que luchar para que los responsables de tanta violencia estén en la cárcel”. Con respecto a la infiltración de la policía federal en la Agencia Walsh, Cortiñas dijo que “en los vericuetos del poder siempre quedan esos resabios de lo que fue la dictadura cívico-militar religiosa”.

Extracto de la nota a Nora Cortiñas:

Foto: Lavaca.org

Oscar Castelnovo, de la Agencia Walsh, relató en La Tijereta cómo logró infiltrarse un oficial de la Policía Federal, Américo Balbuena, durante 10 años en la agencia, como un trampolín para realizar tareas de espionaje hacia adentro mismo de la agencia de noticias, pero sobre todo hacia otras organizaciones y agrupaciones sociales. A partir de un dato, cuya fuente mantienen en secreto por cuestiones de seguridad, pudieron confirmar que Balbuena, que ingresó a la Walsh en el 2002 por haber sido compañero en la escuela primaria y en la escuela de periodismo de uno de los fundadores de la agencia, es efectivamente un infiltrado de la Federal.

La Agencia Walsh y un centenar de organizaciones sociales exigen al gobierno que desarme la estructura de espionaje a las organizaciones populares, que dé a conocer la información recabada y exponga a otros infiltrados.

Extracto de la nota a Oscar Castelnovo:

Comunicado de la Agencia Walsh

Foto: Agencia Walsh

El qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, La Primavera, explicó en La Tijereta que a partir de la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, desde el año 2011 la Argentina está obligada a garantizar la seguridad de Félix Díaz, su familia y la comunidad a través de una medida cautelar, por lo que la Gendarmería Nacional custodia el territorio de la comunidad, pero no interviene en delitos comunes y, por otra parte, la policía de la provincia no ingresa al territorio por una supuesta orden. Así, relata Díaz, se genera una especie de zona liberada en la que el gobierno provincial interviene para dividir a la comunidad, propiciar el conflicto y desacreditar el reclamo de la comunidad.

“El gobierno de la provincia dijo en conferencia de prensa que la culpa es de los mismos jóvenes porque son borrachos y se matan entre ellos. Me genera mucha preocupación que el mismo Estado trate de ocultar la falta de justicia al pueblo indígena argumentando que es imprudencia de los mismos habitantes”, dijo Félix Díaz quien agregó que el gobierno ha hecho un convenio con los pastores evangélicos para “comprar conciencias”, lo que genera internas entre los jóvenes. Con respecto al gobierno nacional, el qarashe expresó que no hay respuestas y que “la falta de voluntad política genera esta inseguridad”.

“Yo estoy defendiendo el derecho humano del pueblo indígena, pero usan a la misma gente para que se vuelvan en contra mío. Los hermanos desconocen los derechos que tienen como pueblo autónomo y creen que la salvación viene del Estado. Sin embargo la salvación viene de la unidad del pueblo. Es importante que la comunidad decida sobre su propio destino”, denunció Félix Díaz.

Extracto de la nota a Félix Díaz:

Nota relacionada: La justicia formoseña procesa a Félix Díaz por “usurpación de su propio territorio”

La socióloga Maristella Svampa, en su columna de esta semana en La Tijereta, completó el tema su columna anterior, sobre cómo se advierte en el gobierno de Bolivia una evolución hacia un modelo más tradicional de dominación, donde el extractivismo juega un rol fundamental. Si bien el gobierno de Evo Morales es uno de los más innovadores en la región, que ha implementado elementos novedosos de mucho éxito a través del otorgamiento de tierras (7,5 millones de hectáreas entre 2006 y 2011), abundantes planes sociales (los bonos), descenso de la pobreza, la ampliación de derechos políticos y sociales a través de las modificaciones constitucionales de 2009 y las políticas de nacionalización, avanza, sin embargo, cada vez más hacia un modelo más tradicional de consolidación centralista que conspira contra el avance de las autonomías indígenas y contra el desarrollo de un modelo de ciudadanía basado en una concepción diferente entre sociedad, naturaleza y desarrollo.

Extracto de la columna de Maristella Svampa:

Columna relacionada: La paradoja de los gobiernos progresistas que impulsan el neoextractivismo, el caso de Bolivia

www.maristellasvampa.net

Julieta Piñeiro, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (A.P.C.A.), habló en La Tijereta sobre los resultados del Segundo Plenario – Parlamento por el Agua, que se realizó el fin de semana pasado en la Universidad el Comahue en Neuquén. Las reuniones contaron con la participación de legisladores, especialistas, asambleas ciudadanas y vecinos preocupados por el riesgo que corren las fuentes de agua dulce ante el avance de las industrias extractivistas como modelo de desarrollo económico y energético. Entre las actividades llevadas a cabo entre el 3 y el 5 de mayo pasado, se incluyó un “toxitour” a Loma de la Lata, donde se encuentra el explotación de petróleo no convencional por el método de fracking.

Extracto de la nota a Julieta Piñeiro:

Más información: parlagua.com.ar

El estanciero Gabriel Fernández Müller, propietario de un campo en cercanías de GanGan, en la meseta chubutense, habló en La Tijereta acerca de su denuncia sobre la violación de contrato y la remediación mal realizada que YPF habría llevado a cabo en su campo. "Hace 15 meses vengo haciendo presentaciones y denuncias en el Ministerio de Medio Ambiente de Chubut por un pozo exploratorio que YPF comenzó a hacer en abril del 2011", dijo Fernández Müller. 

Extracto de la nota a Gabriel Fernández Müller:

En una fría tarde de otoño, se juntó más de un millar de personas para la tradicional marcha de los 4, que se viene realizando desde hace más de diez años en Esquel. Anticipando la no renovación de la licencia comercial de la oficina de Minas Argentinas S.A., subsidiaria de Yamana Gold, a partir de que entrara en vigencia la ordenanza 228/2012, los vecinos portaban carteles que decían “chau Yamana”. Se leyó de manera colectiva un documento que expresa “¡Hoy la minera se va! Y se va porque contamos con un marco legal que impide la actividad en nuestras montañas”, en referencia a la ley provincial 5.001, la ordenanza municipal 33/2003 y el amparo ratificado por la Corte Suprema de la Nación. “Hoy la minera se va, porque nunca se debería haber instalado, si lo hizo fue gracias a la connivencia de funcionarios municipales que ignoraron la voluntad popular del plebiscito de 2003 y las leyes prohibitivas de la megaminería que le siguieron”, continúa el documento que además exige a los representantes políticos que faciliten y no obstaculicen las actividades verdaderamente productivas y que apuesten a una inclusión social superadora del asistencialismo y generen trabajo digno.

Asimismo, la asamblea de Esquel expresó solidaridad con los vecinos judicializados por manifestarse contra la megaminería a través de pintadas en Puerto Madryn, y el Movimiento de Lucha por trabajo leyó un comunicado ratificando su postura contra la megaminería y a favor de fuentes laborales sustentables y legítimas.

Documento leído por los vecinos:

Comunicado del Movimiento de Lucha por Trabajo:

Documento completo:

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