El Secretario de Penal y de Prevención de la Violencia Institucional de la Defensoría de Chubut, Jorge Benesperi, explicó que el monitoreo de los centros de detención y de las personas privadas de la libertad es un mandato constitucional que tiene la Defensoría Pública y sus integrantes. Desde el 2008 trabajan en un informe que se hace de forma semestral, que evalúa las condiciones de los detenidos durante su situación de encierro, con respecto a la situación educativa, familiar, etc. También se evalúan las condiciones edilicias de los centros de detención. Los informes están disponibles en el sitio web de la Defensoría Pública.

Benesperi expresó que a pesar de que se encuentran casos aislados de mejoras edilicias, “no es una política estructural el mejoramiento de los centros de detención de la provincia”. Asimismo indicó que no se han detectado casos importantes de superpoblación, excepto en situaciones momentáneas o circunstanciales. “Si así fuera, desde la Defensoría se presentan los habeas corpus o recursos que sean necesarios, expresó.

Extracto de la nota a Jorge Benesperi:

Informe del Monitoreo de los Centros de Detención de la provincia del Chubut - Año 2013

El secretario de Hacienda, Carlos Damiano, explicó que la subsidiaria de la corporación canadiense Yamana Gold, Minas Argentinas S.A., ante la no renovación de su habilitación comercial en el marco de la legislación que impide otorgar habilitación comercial para actividades relacionadas a actividades prohibidas, presentó un recurso administrativo. “Desde la Secretaría de Hacienda dimos de baja la habilitación comercial y archivamos el expediente”, dijo Damiano, quien agregó que lo que corresponde hacer si se constata que en la oficina de Minas Argentinas sigue habiendo actividad es hacer una inspección y clausurarla. Sin embargo, como la empresa recurrió administrativamente la resolución del municipio, el tema ha pasado a la sección de legales por lo que “no tenemos mucho margen de acción hasta que se resuelva esta cuestión”. Queda por ver cuáles son los fundamentos del recurso administrativo.

Extracto de la nota a Carlos Damiano:

El 9 de abril hubo un allanamiento ordenado por el juez Moldes y ejecutado por la Gendarmería de Bariloche, en el Hoyo, en un complejo de cabañas llamado La Catarata, del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut. En el operativo se rescataron a dos mujeres de 19 y 16 años que serían víctimas de la esclavitud sexual. Ante el alarmante hecho, muchas organizaciones sociales y de derechos humanos de la comarca se manifestaron exigiendo que las autoridades locales investiguen la problemática y tomen medidas preventivas, ya que según trascendidos, no sólo habría trata sexual, sino también trata laboral. El sindicato ATECH, empleados públicos de El Hoyo y una vecina del Hoyo han recibido diferentes presiones y amenazas por su participación en las manifestaciones. Nora Corvalán, vecina de Lago Puelo, recibió una carta documento y fue imputada por su supuesta responsabilidad en las pintadas en el cordón cuneta frente a la casa del intendente de El Hoyo, Mirco Szudruk.

“Vemos que hay una intención de crear miedo, de paralizarnos para que no sigamos reclamando acciones para que se esclarezca un tema tan sensible como es el de la trata. Hay silencio de las autoridades, el Concejo Deliberante no se expidió con respecto a la trata, pero sí sacó una ordenanza por unanimidad repudiando la pintada. Las cosas están muy corridas de lugar, están desviando el tema y sembrando el miedo”, declaró Nora Corvalán.

Extracto de la nota a Nora Corvalán:

Foto: noticiasdelacomarca.com

La vecina de Lago Puelo, Nora Corvalán, explicó que en septiembre del 2011 se autorizó mediante ordenanza al ejecutivo municipal a poner a la venta el lote 41 del paraje Cerro Radal a un solo comprador. Se trata de 46 hectáreas de bosque comunal, con un 80 % de bosque nativo, uno de los últimos predios fiscales con bosque que le quedan al municipio. Ante esta situación, los vecinos interpusieron un recurso de amparo hace más de un año, que cuenta ya con una medida cautelar, pero falta que se dicte sentencia definitiva. Por ello, el juez Marcelo Peral había citado a las partes, pero el municipio no se presentó, por lo que se fijó una nueva audiencia para el 4 de junio.

A través amparo ambiental colectivo, los vecinos piden que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la ordenanza que permite la privatización de las tierras y que se elabore una nueva ordenanza sobre ese territorio, pero que sea a través de un proceso participativo. “No hubo consulta, no hubo audiencia pública, no hubo estudio de impacto ambiental, fue muy irregular todo. Hay que procurar intensificar la conservación de ese lugar. Pretendemos que ese lugar sea declarado reserva forestal, con uso recreativo y en el ámbito de lo público, no de lo privado”.

Extracto de la nota a Nora Corvalán:

Nota relacionada en PuertaE: Lago Puelo: presentaron un amparo ambiental colectivo contra la venta del bosque comunal

El abogado ambientalista Enrique Viale, en su columna habitual en La Tijereta, explicó cómo en la Cumbre Río +20 de 2012, a 20 años de la cumbre del año 1992 en la que se impuso el concepto de “desarrollo sustentable” para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado y que incluso está presente en la propia constitución, se busca ahora imponer el concepto de “economía verde”, que no es más que un neoextractivismo, un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de la frontera extractivista hacia territorios antes considerados como improductivos. Es decir, la “economía verde” busca llevar las industrias extractivas a lugares antes impensados.

Este nuevo modelo económico de saqueo viola principios de derecho ambiental y derechos humanos y, lo más peligroso es que la “economía verde” considera que las funciones de la naturaleza pueden ser tratadas como mercancía y que, por lo tanto, pueden generar ganancia mediante especulación financiera, por lo que dichos servicios deben cobrarse y, en consecuencia, los bienes comunes son sólo valorados por su dimensión económica. La lógica que subyace a la “economía verde” es que la protección de los ecosistemas y su biodiversidad funciona mejor si sus usos cuestan dinero, es decir si los servicios ambientales integran el sistema de precio, aunque, naturalmente, no es la naturaleza la que cobra por sus servicios, sino sus propietarios. La consecuencia lógica de este razonamiento es que se incrementará la apropiación de los territorios por parte de empresas transnacionales. Para poder impulsar la “economía verde”, los ordenamientos jurídicos de los países deberían cambiar el estatus de los bienes comunes considerados fuera del comercio para que puedan ser sujetos de apropiación privada e ingresar, así, a los mercados.

Extracto de la columna de Enrique Viale:

Dijo a La Tijereta el miembro del Consejo de la Magistratura, Eduardo Palacios, con respecto a la actuación del juez Colabelli, quien intentó evitar el aborto no punible de una nena de 12 años que había sido violada. Explicó que hubo una votación reñida entre los miembros del consejo que consideraban que la actuación de Colabelli fue lo suficientemente grave como para promover su destitución y los que proponían una sanción administrativa, en la que se impuso por escasos votos la segunda opinión. Ahora el Superior Tribunal de Justicia debe aplicar la sanción al juez Colabelli, que puede ser un apercibimiento o una suspensión transitoria.

El magistrado recordó que Chubut cuenta con la Ley XV Nº 14 de abortos no punibles, aprobada por unanimidad en 2010, y que hay un protocolo de actuación muy claro y que en este caso la intervención de Colabelli se dio sólo porque el fiscal solicitó tomar pruebas bilógicas para investigar el crimen de violación, para lo que hacía falta la autorización del juez. Sin embargo Colabelli no sólo no autorizó la toma de pruebas sino que dictó sentencia prohibiendo el aborto. “El Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya han mencionado que el juez que obstaculizara el acceso a la justicia de mujeres en esta condición comete el delito de prevaricato”, explicó Palacios, quien calificó la actuación de Colabelli como deleznable, ya que sabía que su decisión iba a ser revocada pero con la que pretendía “lograr prensa y convertirse en un adalid de una posición ideológica determinada, pero que pone en peligro la vida y la salud de la persona en cuestión”.

Extracto de la nota a Eduardo Palacios:

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Ángel Callupil, del Equipo de Pastoral Aborigen, dio detalles sobre una nueva movilización que las comunidades mapuche-tehuelche de la meseta chubutense se están preparando para llevar a cabo mañana martes 21 de mayo en la capital provincial para llevar reclamos al gobernador Buzzi. “No es la primera vez que las comunidades se movilizan con reclamos en relación al tema del territorio y el respeto de sus derechos, porque avanzan proyectos pero quienes viven allí no son tenidos en cuenta, no son consultados, y ahí hay una violación de derechos”, explicó Callupil, quien además recordó que desde el 2010 están movilizándose a Rawson desde la zona de Gan Gan, con las dificultades que ello conlleva, y que ese año el ex gobernador Das Neves los tuvo esperando más de 7 horas y no los atendió. Con respecto Buzzi, Callupil expresó que “el corazón de piedra y el dedo acusador es el mismo” que el de Das Neves.

Los campesinos mapuche-tehuelche se concentrarán a las 10 de la mañana frente a la Casa de Gobierno, donde dejarán un documento expresando sus reclamos. Luego se movilizarán a la Legislatura, donde presenciarán, junto a otras organizaciones y asambleas ciudadanas, la sesión, tal como se viene haciendo desde el 2012.

Extracto de la nota a Ángel Callupil:

Nota relacionada en Puerta E: Contra la embestida minera: comunidades de la Meseta se movilizan este martes a Rawson

Marina Schifrin, abogada de la familia de Guillermo “Coco” Garrido, joven de Epuyen asesinado por la policía de El Bolsón hace casi dos años y medio, explicó a La Tijereta que actualmente están esperando que se fije fecha para una nueva reconstrucción del hecho, ya que el juez Lozada, que lleva la causa luego de que la Cámara del Crimen apartara al juez Calcagno por desestimar y archivar la causa, no estuvo presente en la anterior reconstrucción del hecho. La letrada recordó que la versión policial del suicido fue ampliamente refutada por peritos bonaerenses que constataron que murió de un golpe en la nuca, que la autopsia psicológica indica con total certeza que Garrido no tenía pulsiones suicidas y, además, la reconstrucción del hecho demostró que era imposible que se hubiera ahorcado. Sin embargo Schrifrin lamentó que haya dificultades para establecer qué fue lo que realmente sucedió debido a que no hay testigos civiles y a que la primera autopsia fue hecha violando todas las reglas y protocolos establecidos.

Extracto de la nota a Marina Schifrin:

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El abogado y político Hipólito Solari Yrigoyen habló en La Tijereta sobre la presencia de la empresa Panamerica Energy en las escuelas y en tal sentido expresó: “me parece insólito que una empresa que está usufructuando una concesión mal habida pretenda lavar su cara usufructuando la ingenuidad de los niños haciendo propaganda en las escuelas”. Solari Yrigoyen aclaró que hay responsabilidad de las autoridades que le han permitido a la empresa entrar a las escuelas para hacer propaganda de sus intereses, hecho que se ha publicado como si fuese algo positivo.

Extracto de la nota a Solari Yrigoyen:

El juez penal Mario Juliano, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, habló en La Tijereta sobre su visión de la democratización de la justicia. En ese sentido, expresó que no son jueces sino personas que trabajan de jueces, funcionarios públicos que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. “La realidad no la vamos a cambiar por ley. La ley contribuye, promociona determinados cambios, pero es absolutamente relevante que los funcionarios públicos y la ciudadanía en general encaremos una visión democrática e inclusiva de la sociedad”. El Tribunal Oral Nº 1 de Necochea, que integra el juez, elaboró recientemente una resolución en la que plantean la inconstitucionalidad de la pena de cadena perpetua que, según el juez, debe reservarse para crímenes de lesa humanidad. Dicha resolución expresa que “La prisión perpetua es una pena cruel, inhumana y degradante. La Constitución Nacional establece que las cárceles tienen por finalidad la resocialización del delincuente y que las condenas deben apuntar a ese objetivo. Y la cadena perpetua se contradice con esos principios; ergo, es inconstitucional.”

Extracto de la nota a Mario Juliano:

Concejales de Esquel recibieron amenazas telefónicas y a través de mensajes de texto relacionados a la no renovación de la habilitación comercial de la subsidiaria de la corporación canadiense Yamana Gold. La decisión de no renovar la habilitación comercial precaria que tenía la empresa se tomó en el marco legal que establece la ordenanza 235/12 que incorpora al Código Tributario el artículo 166 bis que establece que «no se otorgará Habilitación Comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas de actividades que se encuentren prohibidas o de cualquier forma no permitidas por la legislación municipal” y que fue ratificada el lunes 13 pasado por resolución municipal Nº 1118/13 que rechaza el pedido de habilitación comercial de la empresa Minas Argentinas S.A.

El presidente del Concejo Deliberante, Jorge Paz, expresó que “políticamente esto está absolutamente claro, es la posición del Concejo votada en forma unánime y no hay nada que haga cambiar la opinión del Concejo y no me cabe duda que las amenazas están vinculadas a estos hechos”, en referencia a la no renovación de la habilitación comercial de MASA. Con respecto a la irregular inspección a las oficinas de la empresa Minas Argentinas S.A., que se realizó momentos antes de que el Ejecutivo firmara la resolución, y en la que se labró un acta que le otorga a la empresa 60 días para dar cumplimiento a requisitos faltantes para obtener la habilitación definitiva, Paz dijo que “evidentemente hay intencionalidad política en lo que se quiso hacer” ya que a veces tardan meses para hacer inspecciones que se plantean como urgentes y agregó que “se haga cargo quien lo hizo y que asuma las responsabilidades quien va en contra de las normativas de la municipalidad de Esquel y la posición del Ejecutivo que es absolutamente clara”, en referencia a Pablo Schulz, secretario de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos, responsable de la inspección.

Ante estas irregularidades, el Frente Vecinal de Esquel pidió una sesión especial del Concejo para interpelar a Schulz para que aclare los motivos de su accionar y recordó que se encuentra en vigencia el artículo 109 y concordantes de la Ley Provincial XVI Nº 46 que establece la responsabilidad de los funcionarios que, con su accionar, causan perjuicio patrimonial al municipio, al considerar que el acta labrada daría pie para que MASA inicie juicio.

Extracto de la nota a Jorge Paz:

Sigue el texto completo de la solicitud del Frente Vecinal y de la Resolución Municipal Nº 1118/13

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En su habitual columna en La Tijereta, el periodista Darío Aranda habló sobre un estudio académico realizado en el Chaco que analizó 4 poblaciones literalmente rodeadas de cultivos transgénicos y detectó altos índices de malformaciones y casos de cáncer. El informe de 68 carillas, titulado “Relación entre el uso de agroquímicos y el estado sanitario de las poblaciones en los departamentos de Bermejo, Independencia y Tapengá en Chaco”, fue financiado por el Ministerio de Salud de la Nación y se llevó a cabo entre abril del 2011 y abril del 2012 por 6 profesionales entre los que se incluyeron médicos, licenciados en enfermería, cirujanos y geógrafos. Para el estudio se realizaron 2.051 encuestas en territorio, que se entrecruzaron con datos oficiales. A pesar de que los resultados finales de la investigación se entregaron al ministerio en mayo del 2012, éste aún no se ha expedido y no se han hecho públicas las conclusiones del mismo.

Extracto de la columna de Darío Aranda:

Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y titular de Satus Ager S.A, exportadora de semillas de maíz y soja, habló en La Tijereta sobre la posible llegada de la soja transgénica a la provincia del Chubut. El empresario explicó que se habían reunido con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, quien había mostrado interés de que la soja llegue a la provincia. “Descarto que va a haber semilla transgénica”, dijo Paseyro, aunque si algún semillero quisiera probar alguna semilla no transgénica “lo podrían considerar”.

Extracto de la nota a Alfredo Paseyro:

César Antillanca, padre del joven asesinado en 2010 por la policía de Trelew, declaró en La Tijereta que no están dadas las garantías del gobierno como para que las víctimas involucradas en algún hecho de violencia institucional puedan caminar tranquilas y especificó que ésta es la situación de la madre de Iván Eladio Torres, María Millacura, a quien el Estado le retiró la custodia de prefectura que tenía en cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por este motivo, Antillanca elevó una nota a la presidencia de la Nación, con un detalle de los testigos del caso Iván Torres que fueron asesinados y cuyos crímenes aún no han sido esclarecidos. En un anexo titulado “Entonces, qué es la violencia institucional?” que acompaña la carta a la presidente, puede leerse: “Violencia institucional son las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan. Violencia institucional es que la policía fusile un pibe cada 28hs. Violencia institucional son 70 asesinados por luchar. Violencia institucional son las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro. Violencia institucional son los sueldos por debajo de la canasta familiar de la mayoría de los trabajadores y los desorbitantes sueldos de los funcionarios públicos. Violencia institucional es no habilitar los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes. Violencia institucional es el cierre de causas de crímenes aún sin resolver. Violencia institucional es el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil, etc. Violencia institucional son los millones de pesos que se ponen en el fútbol para todos y las migajas en programas sociales…”

Con respecto el Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional que se realizó el 3 de mayo en el Congreso, en el marco de la Campaña contra la Violencia Institucional que impulsan organismos estatales, Antillanca comentó que participó con una actitud crítica y que fue a denunciar la falta de un marco genuino de esta campaña, ya que Antillanca considera que “es completamente improbable que el Poder Legislativo esté denunciando a las fuerzas de seguridad, cuando éstas dependen de ellos”. “El Poder Ejecutivo no tiene autoridad moral para desarticular el modus operandi de las fuerzas de seguridad, la corrupción llega a tal punto que están todos desde siempre en una cadena delictiva en la que nadie puede acusar al otro (sin quedar expuesto)”, dijo Antillanca, quien agregó que “para mantener disciplinada a la franja que más se resiste, que somos los pobres, es necesario tener una fuerza de un alto régimen represivo”

Extracto de la nota a César Antillanca:

Ver carta completa de César Antillanca a Cristina Fernández

La socióloga Maristella Svampa, a partir de tres hechos de violencia y represión que se suscitaron en los últimos días relacionados al avance del extractivismo (descubrimiento de la infiltración de la policía en las organizaciones populares a través de la Agencia Walsh, un nuevo caso de violencia y hostigamiento en la comunidad La Primavera y la represión en Famatina) explicó cómo se ha dado el blanqueamiento de los discursos de parte de los gobiernos progresistas que defienden hoy abiertamente el extractivismo depredatorio, con emprendimientos a gran escala cuyo destino es la exportación, que niegan escenarios de transición y de salida del extractivismo. Svampa recordó que Famatina tiene una larga historia de lucha en contra de la megaminería y que la pueblada de 2012 contribuyó a que esta lucha de muchas comunidades se hiciera conocida en todo el país, aunque también a partir de este hecho el gobierno nacional blanqueó el apoyo a la megaminería. Con respecto a la conflictividad que genera la megaminería en América Latina, Svampa relató que el OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina) en 2010 señalaba 120 conflictos que afectaban a 150 comunidades, que aumentaron en 2012 a 161 conflictos que perjudicaban a 212 comunidades, en mayo del 2013 registró 185 conflictos que involucran a 268 comunidades. De estos conflictos, 31 se desarrollan en Perú, 30 en Chile, 25 en Argentina, 23 en México, 21 en Brasil y 7 en Ecuador. La característica en común en todos estos conflictos es la violación de los derechos humanos, la ausencia de licencia social y el fortalecimiento de dispositivos de judicialización y represión.

Extracto de la columna de Maristella Svampa:

www.maristellasvampa.net